El nuevo plan urbano de Guía blinda 125 viviendas de San Felipe y Caleta

Las casas sufrían un limbo legal por la afección a Costas

por Juan José Jiménez

Los propietarios de 125 viviendas del litoral de Santa María de Guía han logrado el reconocimiento legal de la situación de sus casas tras la aprobación por unanimidad del grupo de gobierno municipal del nuevo plan de ordenación. Estas construcciones , sobre las que pendían la incertidumbre de ser afectadas por Costas, se encuentran en los barrios de San Felipe, con 80 unidades beneficiadas, y Caleta, con otras 45.

Todas estas construcciones se encontraban en una situación de limbo legal, debido a la indefinición de los deslindes. En el anterior plan de ordenación, de 2005, se impuso una línea de tránsito a 20 metros del mar, con el ánimo de preservarlas, pero la demarcación de Costas nunca incoó el expediente, con lo cual no se terminaba de reconocer que cumplían con los criterios de legalidad.

Lo que ocurre ahora con el nuevo documento urbanístico, que no obstante aún debe ser ratificado por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) es que se han incorporado a «la zona terrestre del municipio», según lo define gráficamente el concejal de Urbanismo, José Manuel Santana.

Según informa, lo que se ha hecho en lugares como Caleta, donde las viviendas más cercanas a la costa están en zonas altas sobre un peñón, es declarar una de sus calles principales como vía de tránsito desde la que se garantiza el acceso de los vehículos de servicios a primera línea de mar, lo que da por buenos los requisitos que exige la legislación vigente para autorizar esas viviendas. Por este motivo, el Ayuntamiento de Santa María de Guía resalta que ahora podrán acometer la modernización y el arreglo de las casas, «con todas las garantías».

Esto, salvo en casos puntuales de San Felipe, donde a pesar de que allí se encuentra el grueso de las que serán reconocidas existe un pequeño grupo de familias que en un futuro pueden verse obligadas a reubicarse.

Esto es así porque la Ley de Costas que obliga a mantener una serie de accesos al litoral, que en la actualidad se encuentran bloqueadas por el grupo de viviendas que dan al lado mar. Y en la larga línea costera del barrio guiense se deben abrir tres espacios con este fin.

En cualquier caso, según la misma fuente, sólo se permitiría esta operación, «cuando esas familias tuvieran en mano la llave de las nuevas viviendas», algo para que todas las administraciones implicadas, deben señalar en primer término una bolsa de suelo disponible lo más cerca posible de la anterior vivienda, para posteriormente construir y sufragar esas unidades.

José Manuel Santana subraya, en este sentido que esta solución ya aparecía en un plan redactado por la empresa pública Gesplan en el periodo 2007-2009 pero que tampoco llegó a desarrollarse. En estas zonas de tránsito se encontrarían afectadas una veintena de familias.

Por otra parte, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, también trata de poner orden en el sector agrícola y ganadero, permitiendo a los propietarios de fincas, cooperativas y empresas a dotarse de aquellas instalaciones que aporten un valor añadido a sus producciones.

Con el anterior plan se requerían 10.000 metros cuadrados para un almacén de 30 metros cuadrados, o de 5.000 metros cuadrados para un cuarto de aperos de 10 metros cuadrados. Con el nuevo planeamiento urbano del municipio ya es posible construir ese mismo pequeño cuarto con una parcela de 2.000 metros cuadrados en suelo rústico de protección agrícola.

Y para aquellas fincas que vayan aumentando de superficie se les puede añadir un complejo edificatorio con sus cuartos higiénicos, plantas de transformación, de almacenado y empaquetado. También se contempla la posibilidad de levantar una nave para los que logren acreditar extensiones de 30.000 metros cuadrados.

Santana explica que con ello se da solución a una demanda de los agricultores y se les dota de herramientas para rentabilizar sus producciones, muchas de ellas con certificaciones europeas, además de controlar un paisaje que se ha movido históricamente en la ilegalidad. Ese mismo contexto ha tenido como consecuencia la sensación de caos ya que para poder trabajar en las fincas los agricultores se ven obligados a colocar estructuras endebles con todo tipo de materiales de derribo.

Son vallas levantadas con palés, chamizos con chapa y somieres, «y al final ese impacto es mayor y más potente que el de aquél que construye con una licencia de obra en la que se pueden controlar de una manera más fácil los acabados y el impacto visual de esa futura edificación». Para añadir que con el nuevo documento también se ofrece una guía de buenas prácticas para esas construcciones del interior, «que reflejan el sentir del objetivo que nos hemos marcado».

Además, con la legalización de esas explotaciones será posible acceder al Plan de Desarrollo Rural del Gobierno de Canarias «y fomentar la inversión en el campo».

José Manuel Santana subraya por último que las medianías de su municipio, conforma una de las grandes despensas de la isla, «en cuyas fincas se mueven nueve millones de semillas al año en hortaliza, con un rendimiento que oscila entre el 50 y el 80 por ciento, lo que da una idea del valor agrario de esa producción.»

Publicado en La Provincia el 6/02/2017