La comuna ‘La Esperanza’ advierte de que llevará la batalla legal «hasta sus últimas consecuencias»
La comuna La Esperanza no piensa bajar el pistón, según informa Canariasahora.com
La considerada mayor comunidad okupa de España, en donde residen 77 familias -más de 200 personas-, ha advertido al alcalde del municipio grancanario de Santa María de Guía, Pedro Rodríguez, de que llevará la batalla legal “hasta sus últimas consecuencias” y “desoirá sus amenazas” sobre el desalojo ordenado el pasado 14 de marzo.
En un comunicado difundido este sábado, La Esperanza acusa a Rodríguez de “mentir” y de mostrar una “gran insensibilidad” ante la situación de familias sin recursos “a las que pretende desalojar sin preocuparse antes de que se les asegure desde las instituciones una alternativa habitacional”. El alcalde guiense ofreció el pasado 22 de marzo una rueda de prensa en la que justificaba su decisión de ordenar el desalojo del inmueble sobre la base de los informes municipales que concluyen que la edificación no reúne las condiciones de habitabilidad.
Desde la comuna refutan este argumento e insisten en que las viviendas, aunque carecen de licencia para ello, “son perfectamente habitables”. “Según el alcalde nos quiere desalojar porque son un peligro para nuestra seguridad. Ahora preguntamos, ¿se está más seguro, protegido, lejos de amenazas y peligros en la calle? Aquí algo no cuadra bien: no se puede sacar a una persona de un incendio para echarlo en una incineradora”, señala el comunicado. Para los residentes en La Esperanza, si Rodríguez pretendiera, como ha afirmado, velar por la seguridad de las familias, “garantizaría un realojo digno y asequible” a sus posibilidades.
También acusan al alcalde de intentar convertir el conflicto en una pelea entre propietarios y okupas. “Nuestra intención siempre ha sido establecer un frente común que nos beneficie a todos, y no caer en las maniobras del alcalde para azuzar el enfrentamiento. Todos somos víctimas: ellos de una estafa particular y nosotros de la estafa capitalista”, apunta la comunidad, que recuerda que ha puesto sobre la mesa “la solución más plausible para que los propietarios recuperen su inversión”. Dado que la promotora del edificio -Piornedo- se encuentran en quiebra, La Esperanza ha planteado que se remunicipalicen los inmuebles (“y si el ayuntamiento no tiene competencias, que se encargue la administración correspondiente”), se los catalogue como viviendas de protección oficial en régimen de alquiler social y se extraiga directamente de los alquileres pagados por los vecinos la cantidad exacta que invirtieron los propietarios en las viviendas a fin de restituírsela.
Las familias han recordado que cuando la Federación Anarquista de Gran Canaria inició la ocupación de las viviendas en 2013 lo hizo “en unos inmuebles vacíos, con años de abandono”, que estaban siendo objeto de situaciones de vandalismo y robos, y “con consentimiento por escrito de la promotora”. “Ningún vecino forzó ninguna puerta; todos entramos con ese consentimiento y con las llaves en la mano. A nadie se le ha quitado nada, en tanto en cuanto los inmuebles estaban desocupados y la reclamación de los compradores era recuperar su inversión y no unos pisos sin certificados legales. Nuestra ocupación no conculca ninguno de sus derechos o reclamaciones”, remarcan.