Eugenio Aguiar, doctor en Derecho por su tesis “La responsabilidad del porteador aéreo”

Javier Bolaños/La Provincia.-  El abogado Eugenio Aguiar (Guía, 1956) acaba de obtener la calificación de sobresaliente cum laude por su tesis doctoral titulada ‘La responsabilidad del porteador aéreo’, presentada el 24 de febrero en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El experto lamenta la falta de formación en los derechos de los viajeros y anima a agruparse para luchar contra la “poderosa industria aeronáutica”. Aguiar piensa que los afectados del accidente de Spanair debieron reclamar por la vía civil.

¿Por qué centró su tesis en el transporte aéreo?

En el territorio en el que vivimos, es evidente que dependemos de una industria turística, y el medio que tenemos para optimizarla es el transporte aéreo, y más por la fragmentación territorial y la lejanía de nuestro entorno económico y cultural. Quiero que mi obra sea útil para los profesionales del derecho, y también para los usuarios, porque todo el mundo ha tenido en alguna ocasión un problema. Pretendo que la gente se haga valer ante una multinacional, como es la industrial de transporte, proteste y como ciudadano sepa cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Si estamos armados, es más difícil que abusen de nosotros.

¿Cuál es la principal conclusión a la que ha llegado y que todo usuario debería saber?

El transporte aéreo es una actividad económica de servicio aerocomerciales, y es tan complejo que todos los Estados están en todo momento elaborando legislación. Mi intención es facilitar ese conocimiento para no expertos en la materia, e invitarles a que no sean meros votantes, sino usuarios y consumidores de los servicios.

Precisamente, una persona me comentaba recientemente que una aerolínea les anuló su vuelo sin avisar, se perdieron un día de viaje, y Consumo les dio la razón, pero la compañía se desentendió del pago, justo hasta el día antes del juicio. ¿Solo cabe la vía legal? ¿Qué se debe hacer?

La solución es asociarse, porque la verdadera valía de nuestro sistema son las asociaciones de usuarios. Si vas por libre te van a a aburrir, porque tienen cuerpos jurídicos muy avezados. Pero si vas con una asociación, como las de la banca, Ausbanc, tienen más deferencia contigo. La gente no sabe que en el mostrador de facturación y puertas de embarque está el impreso donde se aclaran los derecho y compensaciones. Los fundamentos jurídicos más proclives a la defensa de los usuarios es la reglamentación comunitaria, porque la nuestra es de los años 60.

¿Qué fue lo que más se valoró de su tesis?

Uno de los aspectos que me dio una mayor puntuación fue que tengo acceso directo y diario a una base de datos de la legislación. También acudí mucho a revistas especializadas. Y todavía sigo publicando en revistas especializadas para confrontar las resoluciones judiciales con temas determinados, como el overbooking o las cancelaciones.

¿Cuánto tiempo se considera retraso y un pasajero tiene derecho a una indemnización?

Es variable, pero tres horas. Hay jurisprudencia que lo pone, y deberían ceñirse a ese tiempo. La expresión correcta es “gran retraso”.

Después del accidente de la compañía Spanair, ¿ha cambiado la legislación algo? ¿Por qué no han conseguido los afectados sus objetivos?

No, todo lo contrario. Y sobre lo segundo, si yo hubiese actuado como abogado de víctimas hubiera ido por la vía Civil, para pedir indemnizaciones por daños y perjuicios. La parte penal la hubiera postergado.

¿Por qué daños y perjuicios?

Ha habido desgracias personales, y hay unas secuelas de problemas físicos, huérfanos… Hay que responder de ellos. El problema es que acudieron a una vía, la Penal, y la compañía de seguros se acogió a una normativa que remite a la cuestión de accidentes, como si fuera de tráfico. Tengo la sensación de que no podrán percibir indemnizaciones acordes con las que deberían haber recibido. Esa normativa es muy parca.

¿Hubiera recibido así una mayor indemnización?

Sí, sí. Y hubieran tenido un mayor recorrido de recursos. Se lo pusieron muy fácil a la compañía de seguros.

¿Ha servido al menos para modernizar la normativa?

Sí. Antes la normativa era muy parca y más propensa a defender los intereses de las compañías aéreas, por razones económicas y porque muchas eran empresas estatales, pero a partir del año 2000 se protege más al consumidor. Por eso digo que hay que agruparse. Si ven que estás respaldado, entran en razón.

Si tuviera un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Fomento, ¿qué aspectos cambiaría sobre el transporte?

Lo más importante es dar cultura al consumidor. Pero a lo mejor al poder establecido no le interesa. No como votante cada cuatro años, sino como usuario del transporte aéreo. Tenemos derechos y obligaciones, pero hay una ignorancia bastante destacada entre quienes cogemos un avión o usamos un recinto aeroportuario. Incluso, en los profesionales.

¿Debería haber diferencias entre un accidentado de un coche o guagua y otro de un avión?

Sí, tiene una particularidad. Voy a poner un ejemplo: ¿Tiene la misma repercusión una persona que pierde la vida en una guagua que un señor que tiene que viajar para constituir una multinacional, que va a crear puestos de trabajo. Hablo en términos económicos, no humanos. La etimología de la palabra “responder” es hacer frente a una obligación. Yo tomo el aspecto civil-mercantil. Vivimos en una sociedad en la que nadie quiere responder por… Ni hacer frente a lo que haces o dejas de hacer por acción u omisión. Pero quiero que se sepa que una transnacional tiene que responder de sus acciones. A lo mejor tienes una boda, con una conexión, y llegas tarde por lo retrasos.Quiero que esas compañías respondan por sus acciones.

¿Qué opina de la reglamentación de las maletas?

Hay una letra menuda sobre este tema. Te dan una cantidad simbólica por pérdidas o roturas. Pero, ¿y si llevas joyas de gran valor sentimental y económico? Para que la compañía se haga responsable del extravío tienes que tramitar antes una declaración “singular de valores”. Que cuesta un pastón. Y aquí empiezan los negocios de los seguros, y no siempre estamos preparados. Tienes que tener un seguro muy elevado, si no te dan lo que les da las gana. El ciudadano moderno es quien es capaz de dirigir sus ansias de consumo y de elección del bien que quieres consumir.

¿Esa formación debe nacer en el colegio?

Sí. Cuando se creó la asignatura de Ciudadanía pensé que iba a servir para tener nociones de economía y de derecho. Cuando subes a la guagua o compras en la tienda haces contratos chiquititos, y eso tiene repercusiones económicas en un marco legal. Pensé: “fabuloso”. Pero cuando vi el libro, cambió todo. A los que mandan no les interesa educar, o si, pero a su gusto.

¿Y dentro de la Facultad, el derecho en la aviación está bien estudiado?

No. El derecho aéreo no se mira. Al menos a mí no me dijeron nada, y no sé si se hace en Ingeniería Aeronáutica. Yo creo que debería estudiarse, y más en Canarias. Además, no hay casi ni tesis sobre el tema, aunque sí sobre el marítimo.

De forma breve, puede dar información de interés en casos de overbooking.

Las indemnizaciones no son equiparables a las expectativas de los pasajeros.

Las esperas dentro del avión…

El porteador está obligado a ofrecer asistencia médica cuando estén más de dos horas embarcados en la aeronave y en la pista.

Personas con poca movilidad…

Tienen embarque prioritario y preferente en caso de denegación de embarque.

Equipaje…

El pasajero tiene derecho a reclamar hasta 1.000 euros por rotura, deterioro, pérdida o retraso del equipaje facturado, no con el de mano. Éste, solo se aplica si es culpa de la compañía. La reclamación por deterioro del equipaje se debe presentar antes de siete días.

Y sobre el concepto de daños morales…

Existen varias sentencias judiciales donde se admite la reparación del daño moral. Uno por una pérdida de vuelo por la defectuosa conexión entre vuelos. Y otra también en Baleares por la cancelación de un vuelo por la huelga de controladores.

La tesis de Eugenio Aguiar fue dirigida por el director de Extensión Universitaria y Programas Formativos Especiales, Jorge López; y el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Nicolás Díaz de Lezcano, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y el presidente del tribunal evaluador fue el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Barcelona, Ignacio Arroyo.

FUENTE.- La Provincia

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