Una comunidad de okupas acusa al Ayuntamiento de Guía de «sembrar el pánico»

Consideran que no está legitimado para instarles a abandonar los que durante tres años han sido sus hogares, que no tiene competencias y tampoco es el propietario de los edificios

Vecinos residentes desde hace tres años en una comunidad de viviendas ocupada del municipio de Guía, en Gran Canaria, han acusado este lunes al Ayuntamiento de «sembrar el pánico» en el lugar al instarles a abandonar sus hogares advirtiéndoles de que les sancionará si no lo hacen.

Notificaciones recibidas por los residentes en esas viviendas el 14 de marzo con el mensaje de que deberán dejar las casas donde se alojan en el plazo de un mes les han llevado a denunciar el proceder de la corporación local en una rueda de prensa en la que han calificado de «despropósito» la actuación municipal.

Ello se debe, según ha expuesto a Efe el portavoz de la llamada «Comunidad La Esperanza» Ruymán Rodríguez, a que los ocupantes de esos inmuebles, más de doscientas personas distribuidas entre cuatro bloques de viviendas, entraron a vivir en ellos tras constatar su abandono y contactar con la promotora que las construyó, sometida a un concurso de acreedores por acumulación de deudas.

Deudas que llevaron a la promotora a entrar en un litigio por la propiedad de esas viviendas con una entidad financiera sin que hasta ahora haya resolución firme alguna al respecto, por lo cual no existe en la actualidad nadie con derecho a reclamar el desalojo de los inmuebles, debido a que la empresa que los construyó dio su consentimiento a que fueran ocupados en 2013, ha asegurado.

Ruymán Rodríguez ha destacado que quienes habitan dicha comunidad son 222 personas distribuidas entre 77 familias que recurrieron a la ocupación al carecer de recursos para costearse un hogar y que gracias a la iniciativa han logrado normalizar sus vidas, regularizando su situación al empadronarse en Guía y escolarizando a sus hijos.

Y ha subrayado que, de hecho, la mayoría de los residentes en «La Esperanza», 150 en concreto, son menores de edad que en su casi totalidad no superan los 12 años.

Los menores y sus padres se han visto ahora «amenazados» por la actuación del Ayuntamiento, que no está legitimado para instarles a abandonar los que durante tres años han sido sus hogares en tanto que no tiene competencias para ello ni es el propietario de los edificios, de acuerdo a la versión de los vecinos.

A ese respecto, su portavoz ha sostenido que solo podrían obligarles a marcharse si existiera una resolución judicial con orden de lanzamiento de las viviendas en su contra, algo que no existe porque todavía no ha acabado el litigio sobre quién es el titular de los inmuebles.

Desde esa tesis, ha insistido en calificar de «disparate» la actuación del Ayuntamiento, que ha dicho que solo puede explicarse por un afán de la corporación de «hacer el trabajo sucio» a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, interesada en hacerse con la gestión de la comunidad para hacer negocio con ella, según ha afirmado.

Rodríguez ha argumentado que, en cualquier caso, los afectados han decidido oponerse a los propósitos de desalojo y emprender acciones con ese fin, por lo que recurrirán por vía administrativa la notificación municipal y, en caso de que no obtener resultado, acudirán a los tribunales y, si es preciso, a las movilizaciones.

Puesto que, en caso contrario, «casi un centenar de familias tendrían que irse a la calle y verían rotas sus vidas», ha sentenciado.

Publicado en La Provincia el día 21/03/2016